¿Qué significa un Estado Social, Democrático y de Derecho?

Muchos no se han dado cuenta, pero todos lo tenemos muy cerca. Tan cerca que no hace falta más que leer el Artículo primero de la Constitución Española de 1978, (Aún en vigor).

Podemos leer sin lugar a discusiones en el Art 1º.1 que:

España se constituye en un Estado Social y Democrático de Derecho…

Bien. Un curioso trabalenguas para algunos, ya que se tratan de forma simultanea cuatro conceptos fundamentales: (Estado, Social, Democrático y de Derecho). Ni más ni menos:

1º.-Un Estado: Algo que algunos pretenden cuestionar, y que claramente es incuestionable hasta que no se modifique el texto constitucional. (Con esto ni manifestamos acuerdo ni desacuerdo, simplemente nos remitimos a la legalidad vigente del texto constitucional y su rigor). Obvia decir que están de más todas aquellas manifestaciones que van en contra de la voluntad general de todos los ciudadanos hasta que no se vuelva a refrendar otra Constitución que sustituya la vigente.

2º.-Social. Curiosa referencia, con ella se pretende reforzar la estructura basada en el pueblo, donde reside la Soberanía. Es decir, es el pueblo, no los políticos los que deciden lo que España es y debe ser, y a tal efecto el propio Título Preliminar de la Constitución acoge figuras tales como la representación sindical, laboral, asociaciones empresariales, así como toda serie de referencias a asociaciones ciudadanas de interés legítimo, fundaciones, etc…Es más en el Artículo 7º. de la CE, se establece la capacidad para la libertad de su creación y ejercicio de su actividad. Incluso va más lejos, ya que se garantiza la obligación del Estado de promover la libertad e igualdad de los grupos sociales (Art 9º.2), reconociendo con la máxima amplitud no únicamente el derecho de asociación (Art 22) y las formas específicas de asociación, como la sindical, reconociendo los derechos de huelga y negociación colectiva (Arts 28 y 37), así como otras formas tales como las Fundaciones, Asociaciones, Colegios y Organizaciones Profesionales, atribuyéndoles derechos tales como la planificación económica general, (Art 131.2), la Participación de las empresas en sociedad cooperativa (Art 129), recogiendo los principios de solidaridad cooperativa, (105) en las decisiones que afectan a los agentes sociales, Las Asociaciones de Consumidores y usuarios (Art 51), la negociación colectiva (Art 51) y una Seguridad Social Pública (Art 41).

Pero no queda aquí la consideración de «Social» sino que va más lejos, hasta el punto que expresamente configura un artículo el 9º, para impedir malentendidos que establece literalmente que:

9º.2.- Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social«.

Curioso citar esto en los tiempos que corren. No está de más recordárselo a los que lo incumplen sistemáticamente. Todos ellos juraron en sus nombramientos defender y respetar la Constitución Española. (¿Lo sabían?).

Pero sigamos. Esto se pone cada vez más interesante. La libertad, se empareja con la igualdad en la CE de 1978.

Y así es: Desde este punto de vista, el párrafo primero del art. 9º de la Constitución, significa dos cosas: Primero, que el Estado asume una acción positiva al servicio de la libertad, como contenido básico de la dignidad humana y de los derechos inviolables que le son inherentes (Art 10). Pero así mismo, también se proyecta esa acción del Estado hacia una realización efectiva, que consiste fundamentalmente en la remoción de obstáculos, trabas para promover las condiciones efectivas de igualdad. Esto implica una función de redistribución de renta y riqueza, tanto a nivel personal, como a nivel regional, tal y como expresa literalmente el artículo 40.

Para una distribución de la renta personal y regional más equitativa. (Art 40).

3º.-Estado Democrático:

Pero ¿Qué significa un estado democrático? Pues es sencillo: Aquel en el que la soberanía nacional reside en el pueblo que lo constituye. Esto es: el pueblo español del que emanan los poderes del Estado y no a la inversa como muchos parecen querer dejar entrever. Y el término se reitera una y otra vez a lo largo de todo el texto constitucional incluso en lo relativo por imperativo al funcionamiento interno de los propios partidos a los que se pide que adecúen su estructura interna (art 6º), y al igual, plantea la misma exigencia al resto de las asociaciones del artículo 7º, sindicatos, asociaciones, colegios profesionales, etc…

Pero no se queda ahí, ya que consciente de la necesidad de proveer un presente y un futuro democrático que quede garantizado en el tiempo, establece que la educación, que es la base de los pilares del sistema, debe tener por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia (art 27) ya que el Preámbulo insiste en declarar que se proclama y se garantiza una convivencia democrática y una sociedad democrática avanzada.

Pero bajemos a la estructura última y a los mecanismos de garantía de ese estado democrático:

La participación de los ciudadanos es la base de todo el sistema: Sin ciudadanos no hay democracia y son los ciudadanos los que deciden en la base social con el respeto a las mismas normas y principios que hacen que la sociedad sea plural, avanzada y democrática. Dicho de otra manera: La Soberanía Nacional Reside en el Pueblo del que emanan todos los poderes del Estado. Sin Pueblo no hay soberanía. (¿Alguien lo duda?) Pues parece que todo esto muchos lo han olvidado.

Pero bajemos a las instituciones concretas: El artículo 66, señala que las Cortes Generales son representantes del pueblo español, que también debe estar representado en la Administración y en la Justicia, que no olvidemos son servidores civiles, tal y como establecen los arts (105 y 125). Pero incluso esta representación debe llegar al ámbito de la Seguridad Social (art 129) de ahí su carácter Universal. 

Pero es que recordemos que el Gobierno está vinculado en el Título V de la Constitución (ésta le dedica un título entero) a las Cortes Generales por responsabilidad política, ya que es el órgano de representación del Pueblo en la ejecución de esa soberanía. Por tanto, es el pueblo el verdadero titular del sufragio universal, libre, directo, igual y secreto.

Pero es que adicionalmente, esa soberanía se refuerza con otros tres principios, el de referendo (art 92) el de iniciativa legislativa (art 87) y el de referendo de ratificación constitucional (art 168).

4º.-Un Estado de Derecho.

El Artículo 10 de la Constitución dice textualmente:

La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás, son fundamento del orden político y de la paz social.

Ello significa como  Social y de Derecho que el Estado debe promover y promueve las condiciones y remueve los obstáculos, para que la libertad y la igualdad que corresponden a la dignidad de la persona sean efectivas.

Por último, el apartado 3 del artículo 9º de la Constitución Española, determina una serie de principios generales que deben constituirse en garantía de ese Estado de Derecho, y son:

1º.-Los principios de legalidad y jerarquía normativa, para que las normas de inferior rango jerárquico no vulneren lo dispuesto en las normas de superior jerarquía, (Art 106 y 161) de forma que los reglamentos y/o actos administrativos del Gobierno, no puedan vulnerar lo dispuesto en la Legislación aprobada en Cortes, ni ésta lo dispuesto en las leyes orgánicas, ni las Leyes Orgánicas lo dispuesto en la Constitución, salvo los oportunos procedimientos de Reforma Constitucional y los denominados estados excepcionales previstos para casos de emergencia.

2º.-La publicidad de las normas y su publicación en el BOE que es garantía de seguridad.

3º.-La irretroactividad de las disposiciones no favorables o restrictivas de derechos individuales. Es decir, ninguna norma puede con efectos retroactivos limitar derechos adquiridos o expectativas jurídicas legítimas.

4º.-La interdicción de la arbitrariedad y la responsabilidad de los poderes públicos, como un efecto complementario para sujetar esos poderes al Derecho, evitando resoluciones arbitrarias, (art 102, 121, etc..) Respecto del Gobierno, la Administración de Justicia, etc…Pero así mismo, también la interdicción de la arbitrariedad de las Comunidades Autónomas, establecido en los arts 153 y 155.

5º.-La garantía de la seguridad jurídica, como cumplimiento de ese principio general del Estado de Derecho.

Por tanto, una vez más desde el final, volvemos otra vez al principio para recordar a todos aquellos que lo han olvidado, que España es un Estado, Social, Democrático y de Derecho, y en el que los Poderes, Legislativo, Ejecutivo y Judicial emanan del Pueblo en el que reside la soberanía.

Esas y no otras son las exigencias  del artículo 1º de la Constitución y aquí se lo recordamos a todos aquellos que parecen haberlo olvidado, en especial a la clase política en general, que hace poco (individual y colectivamente) juró cumplir esa Constitución, juramento que les vincula con el pueblo soberano.

Saquen sus propias conclusiones.

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